Publicado el 04 Mar 2026
Por: Mg. Julio Damián Valera Samper Fecha: Noviembre de 2025 Serie: Impuesto y Finanzas Públicas – Primera Entrega El Presupuesto General de la Nación 2026 (PGN) aprobado asciende a $556,9 billones, cerca del 30% del PIB. Aunque se trata de un monto significativo, su sostenibilidad depende en buena parte de la Ley de Financiamiento 2025, que se proyecta aportará $26,3 billones del total. Esto evidencia la estrecha relación entre la política fiscal y la política tributaria en un contexto en el que el margen de maniobra del Estado es cada vez más restringido. Durante el periodo 2022–2025, Colombia enfrentó presiones fiscales excepcionales que sumaron $120,7 billones, originadas principalmente en: • El pago de la Línea de Crédito Flexible del FMI. • El déficit acumulado del FEPC. • Los subsidios de energía y gas. Estas obligaciones, necesarias para responder a choques económicos recientes, han reducido la flexibilidad presupuestal y han incrementado la dependencia de fuentes adicionales de financiamiento. El desafío consiste en lograr que estas nuevas fuentes sean estructurales y sostenibles, sin comprometer el crecimiento ni la estabilidad social. La Ley de Financiamiento proyecta incrementar los ingresos públicos en alrededor de 1,3% del PIB, mediante: • Ajustes en el impuesto de renta para personas y empresas. • Modificaciones al IVA, con posibles efectos sobre precios y consumo. • Nuevos tributos aplicables a hidrocarburos y carbón, sectores sensibles por su relación con la inversión y la transición energética. • Un fortalecimiento a los mecanismos de control a la evasión, especialmente en materia de activos digitales y transacciones internacionales. Estos ingresos buscan sostener las prioridades del PGN 2026, dirigido a áreas como seguridad humana, educación, salud pública, inversión regional, transición energética y acceso al agua potable. No obstante, la suficiencia de estas medidas dependerá de la capacidad del Estado para recaudar efectivamente, controlar la evasión y anticipar las respuestas del mercado frente a los nuevos tributos. Conclusión La Reforma Tributaria 2025 llega en un momento fiscalmente complejo y políticamente sensible, marcado por un inminente cambio de gobierno nacional. En ese escenario, la reforma no solo busca aumentar el recaudo, sino generar certidumbre sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas durante la transición administrativa. Sin embargo, su impacto no está exento de interrogantes: • ¿Será suficiente el aumento proyectado del recaudo para cubrir las presiones fiscales acumuladas? • ¿Podrá la administración tributaria implementar los nuevos mecanismos sin aumentar la informalidad o la evasión? • ¿Cómo reaccionarán sectores estratégicos como el energético ante los nuevos tributos? • ¿Se logrará mantener el equilibrio entre necesidad de ingresos y competitividad económica? Más que una solución definitiva, la reforma constituye un instrumento de ajuste que permitirá transitar el 2026 con mayor estabilidad, pero cuya eficacia dependerá de su ejecución y del comportamiento macroeconómico del país durante el cambio de gobierno. En este sentido, su verdadera relevancia no radica solo en los ingresos que genere, sino en su capacidad para abrir un espacio de reflexión sobre la sostenibilidad de la política fiscal y los desafíos estructurales que Colombia debe enfrentar en los próximos años. Palabras claves: impuestos, finanzas, reforma tributaria, presupuesto Referencias: Congreso de la República de Colombia. (2025). Ley Anual del Presupuesto General de la Nación 2026. Bogotá D.C. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025). Proyecto de Ley de Financiamiento 2025. Gobierno de Colombia.
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