INSTRUMENTALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CRÍMENES DE ALTO IMPACTO: ANÁLISIS SOCIO-JURÍDICO A PARTIR DE CIÉNAGA Y EL ASESINATO DE MIGUEL URIBE TURBAY- Por Julio Valera Samper y Nelson Novoa

Publicado el 12 Aug 2025

En Colombia, la instrumentalización de adolescentes para la comisión de delitos de alto impacto no es un fenómeno aislado ni reciente. La investigación sobre el sicariato juvenil en Ciénaga, Magdalena, evidencia que detrás de cada joven que empuña un arma existe una compleja red de factores estructurales, sociales e institucionales que favorecen su captación por organizaciones criminales. El reciente asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado por un menor de 14 años durante un acto político en Bogotá, es la expresión más dramática y visible de esta problemática a nivel nacional. En el contexto de Ciénaga, el sicariato juvenil ha sido explicado por Torres y López (2013) desde la vulnerabilidad social propia de la adolescencia: “un periodo de transición marcado por la búsqueda de identidad y la susceptibilidad a influencias negativas, especialmente en entornos de pobreza, deserción escolar y ausencia estatal” (p. 45). Murillo, Bedoya y López (2023) complementan esta visión señalando que “las organizaciones criminales aprovechan la inimputabilidad parcial y el bajo perfil judicial de los menores para emplearlos como ejecutores de delitos” (p. 110), reduciendo el riesgo legal para los verdaderos responsables. La teoría de la estructura de oportunidad de Cloward y Ohlin (1960) ayuda a comprender cómo, cuando los medios legítimos para alcanzar metas sociales están bloqueados, los jóvenes recurren a vías ilegales como el sicariato. Tanto en Ciénaga como en el caso del magnicidio de Uribe Turbay, la falta de oportunidades y el debilitamiento de los entornos protectores se conjugan con el poder de reclutamiento de redes criminales que ven en los adolescentes instrumentos descartables. El asesinato del senador, ocurrido el 7 de junio de 2025 y consumado con su muerte el 11 de agosto tras 65 días de hospitalización, desató un debate nacional sobre la responsabilidad penal juvenil. La indignación pública se centró en el hecho de que un adolescente fuera el autor material de un crimen político de alto impacto, mientras que los autores intelectuales permanecen ocultos. Este episodio pone en evidencia que la problemática analizada en Ciénaga no es un fenómeno local, sino una expresión de un patrón nacional donde la violencia estructural y la debilidad institucional permiten que menores sean utilizados para fines letales. El marco normativo colombiano, integrado por la Constitución de 1991, la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) y el artículo 188D del Código Penal, así como los tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención de Palermo (2000), establece una protección especial para la infancia y sanciona a quienes los instrumentalicen. Sin embargo, tanto en Ciénaga como en Bogotá, los hechos demuestran que esta protección es más formal que real: la prevención es débil, la resocialización insuficiente y la persecución a los determinadores ineficaz. Como advierte Colorado Rostegui (2022), “la aplicación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se ve obstaculizada por la escasa cobertura institucional y la falta de programas eficaces de resocialización” (p. 78). Ambos escenarios, el sicariato juvenil en Ciénaga y el magnicidio de Uribe Turbay, revelan una constante: el Estado colombiano no ha logrado consolidar una política integral que combine sanción efectiva a los responsables, prevención temprana, oportunidades educativas y laborales, y fortalecimiento del tejido social. Mientras las medidas se limiten a respuestas punitivas fragmentadas, los menores seguirán siendo un recurso de bajo costo y alto rendimiento para la criminalidad organizada. En conclusión, la muerte del senador Miguel Uribe Turbay no es un hecho aislado, sino la evidencia más visible de una problemática estructural que investigaciones como la desarrollamos en Ciénaga se está documentado: la instrumentalización de adolescentes como sicarios. Atender este fenómeno exige más que leyes: requiere voluntad política, articulación institucional y un compromiso real con el mandato constitucional de proteger a niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Solo así se podrá romper el ciclo de violencia que, desde las calles de Ciénaga hasta la plaza pública de Bogotá, amenaza la vida, la democracia y el futuro del país. Referencias Bedoya, L. J. R. (2024). Responsabilidad penal del menor infractor en América Latina y España: Una revisión sistemática (2018–2022). Vox Juris, 42(1), 47–60. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9502852 Cárdenas, J. (2022). Programas de rehabilitación para jóvenes en conflicto con la ley en Colombia. Revista de Estudios Sociales.